La traición de Juan Manuel Santos: el falso halcón que le entregó Colombia a los herederos de Fidel Castro y las FARC
osto de 1951 en Bogotá y criado en el seno de la élite liberal propietaria de El Tiempo, asumió la presidencia en 2010, comprometiéndose a mantener la política uribista que había debilitado significativamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, su mandato culminó con la apertura de un proceso de negociación con el grupo guerrillero, que ha sido un actor relevante en el conflicto colombiano desde 1964.
Durante su gestión como Ministro de Defensa bajo la administración de Álvaro Uribe entre 2006 y 2009, el Presidente Santos lideró operaciones militares de alto perfil, como la Operación Jaque en julio de 2008, que resultó en el rescate de Ingrid Betancourt. Posteriormente, su postura se transformó, convirtiéndose en un actor clave en la facilitación de un acuerdo de rendición con las FARC.
El Presidente Santos heredó un conflicto armado en el que las FARC, fundadas en 1964 con el apoyo directo de Fidel Castro y el Partido Comunista Colombiano, ya se encontraban debilitadas. Durante su período como Ministro de Defensa, se vio envuelto en el escándalo de los falsos positivos, en el cual, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 6.400 civiles fueron ejecutados por tropas del Ejército Nacional, disfrazados de guerrilleros y presentados como bajas para obtener incentivos económicos. En 2008, el Presidente Santos destituyó a algunos oficiales involucrados en el escándalo. Sin embargo, en 2021, se disculpó ante la Comisión de la Verdad por no haber dado credibilidad a las denuncias presentadas por las madres de Soacha y otras víctimas. Si bien la izquierda internacional lo presentó como un estadista arrepentido, las familias de las víctimas continúan buscando justicia.
Tras su reelección como presidente del Partido de la U en 2014, Juan Manuel Santos impulsó la realización del plebiscito del 2 de octubre de 2016 con el objetivo de legitimar los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A pesar de la victoria del “No”, el gobierno de Santos, junto con su coalición progresista, procedió a implementar una versión modificada de los acuerdos por parte del Congreso. Este hecho culminó con la concesión del Premio Nobel de la Paz a Santos en octubre de 2016, interpretado como un reconocimiento de Oslo y Davos. Fidel Castro, desde La Habana, elogió a Santos antes de su fallecimiento, a lo que Santos respondió públicamente con gratitud por su supuesta contribución al proceso de paz, a pesar de la histórica relación de Castro con las FARC, a quienes armó, entrenó y protegió durante décadas.
En el ámbito judicial, la administración de Santos estuvo marcada por casos de corrupción, los cuales suelen ser minimizados por sectores de la izquierda bajo el argumento de la reconciliación. El escándalo Odebrecht afectó su campaña presidencial de 2010 debido a aportes no declarados, según lo admitido por su gerente de campaña, Roberto Prieto. Santos afirmó haber tenido conocimiento tardío de los hechos y ofreció disculpas en 2017. Sin embargo, la Fiscalía archivó la investigación en su contra por falta de evidencia directa que lo vinculara con los hechos, aunque Prieto fue condenado. Otros escándalos, como el caso Reficar, el cartel de la toga, contratos de educación por un valor superior a 74 mil millones de pesos imputados por la Contraloría en 2024, y desfalcos en los sectores de salud y posconflicto, configuran un panorama de irregularidades que continúan siendo protegidas por sus aliados políticos.
La narrativa global promovida por sectores progresistas presentó a un líder comprometido con la paz, quien habría priorizado el bienestar colectivo por encima de intereses personales. No obstante, Colombia se enfrenta a la ocupación de escaños parlamentarios por excombatientes, un incremento sustancial en los cultivos de coca desde 2016, la presencia activa de disidencias armadas y una sociedad más polarizada y violenta. Las poblaciones que depositaron su confianza en este líder y aceptaron la narrativa de la paz sin una justicia tangible son las mismas que actualmente experimentan inseguridad, el olvido de las víctimas legítimas y el avance progresivo de un modelo de socialismo moderado, impulsado por el gobierno de Santos. Colombia continúa soportando las consecuencias de esta traición de la élite, que, como es habitual, priorizó el reconocimiento internacional sobre la seguridad y el orden interno.
