Cuba Y El Amanecer Después
La caída del régimen cubano debe abordarse con realismo, sin idealizaciones ni dramatizaciones. No se trata de una escena cinematográfica con música trágica ni de una intervención divina. Cuba se enfrenta a 67 años de deformación política desde 1959, convirtiéndose en un laboratorio humano donde la supervivencia ha prevalecido sobre el estado de derecho y la simulación se ha convertido en una práctica generalizada.
La pregunta crucial es si se producirán actos de represalia. La historia demuestra que el colapso de regímenes autoritarios a menudo conlleva un periodo de ajuste de cuentas. Ejemplos de ello son Francia en 1944, con la humillación pública de mujeres acusadas de colaboración con la ocupación nazi; Rumanía en diciembre de 1989, con la ejecución de Nicolae Ceaușescu tras un juicio sumario; e Iraq en 2003, con la caída de la estatua de Saddam Hussein y la posterior persecución de sus seguidores. Cuando la rabia acumulada no encuentra un sistema judicial eficaz, busca vías alternativas para expresarse, a menudo recurriendo a la violencia.
La situación cubana presenta una complejidad adicional. No se trata únicamente de Fidel Castro y su círculo cercano de burócratas. El régimen se sustentó en la complicidad de millones de ciudadanos, desde los Comités de Defensa de la Revolución hasta los delatores, pasando por maestros y médicos que callaban ante las injusticias. La supervivencia dentro del sistema implicó la aceptación de sus normas y la renuncia a principios fundamentales. Esta complicidad cotidiana constituye un factor de riesgo significativo para el futuro del país.
La noción de que la transición política conlleva una mejora inmediata en el bienestar económico y social es una simplificación excesiva. La caída de la República Democrática Alemana en noviembre de 1989 no resultó en una transformación instantánea a un estado de prosperidad similar al de Suiza. Más bien, se caracterizó por privatizaciones desordenadas, elevadas tasas de desempleo, humillación y un resentimiento persistente que se manifiesta en el apoyo a movimientos políticos radicales. En Rusia durante la década de 1990, la economía estuvo dominada por la delincuencia organizada y la oligarquía. La economía cubana, por su parte, no es simplemente una entidad productiva que requiere una nueva dirección; es una estructura profundamente dañada, con empresas estatales improductivas, una mentalidad arraigada en la dependencia de subsidios y generaciones de ciudadanos formados bajo un sistema de racionamiento que fomentó el mínimo esfuerzo.
El regreso de los exiliados, con sus recursos financieros y expectativas elevadas, contrastará con la desconfianza de aquellos que permanecieron en el país. Esto podría desencadenar conflictos familiares, reclamaciones sobre propiedades confiscadas desde 1960, la búsqueda de archivos destruidos y juicios complejos debido a la complicidad del sistema judicial con el régimen anterior. La transición no es un evento festivo, sino un proceso de auditoría moral que requiere una profunda reflexión y un esfuerzo colectivo para abordar las injusticias del pasado.
Tras el apartheid, Sudáfrica estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación en 1995. Si bien no fue un proceso perfecto, logró evitar una guerra civil. En contraste, España optó por el denominado “pacto del olvido” tras la muerte de Franco en 1975, priorizando la estabilidad a expensas de una adecuada resolución de las heridas del pasado. Cada nación determina su propia combinación de memoria histórica y pragmatismo político. Cuba, sin embargo, no puede adoptar un enfoque similar debido a la magnitud de las pérdidas sufridas por su población, incluyendo la libertad, la integridad familiar y las oportunidades de futuro. La idea de que los ciudadanos cubanos se transformarán en ciudadanos ejemplares de manera automática tras la caída de la dictadura es una fantasía peligrosa. El daño antropológico causado por el régimen es innegable; prácticas como la trampa, el robo menor y la doble moral se han normalizado y no desaparecerán con un simple decreto. El castrismo no solo devastó la economía cubana, sino que también erosionó la ética pública durante décadas.
El período posterior al cambio político será complejo, caracterizado por la presencia de tribunales, comisiones, la apertura de archivos y debates acalorados. Habrá quienes demanden justicia y quienes aboguen por la amnistía. La única vía viable para evitar un desastre es la implementación de un sistema judicial firme e institucionalizado, libre de la influencia de turbas y con reglas claras. De lo contrario, el país podría cambiar de líder, pero no de prácticas. Esta es la última y más dolorosa lección. La responsabilidad no recae únicamente en el régimen que gobernó durante medio siglo, sino también en la población que repitió consignas, que permaneció indiferente y que participó cuando le resultó conveniente. Sin una autocrítica colectiva, el día después podría convertirse en el prólogo de otra tragedia.
La cuestión de cómo abordar a quienes denunciaron a otros, sabiendo que les estaban causando daño, es particularmente compleja. Es fácil hablar de reconciliación cuando no se han sufrido pérdidas personales como familiares fusilados, encarcelados, desterrados o fallecidos en el mar.
No existirá una solución milagrosa. El proceso requerirá trabajo arduo, memoria histórica y un marco legal sólido. O bien, Cuba se enfrentará al caos. El país deberá decidir si desea dejar de ser un rebaño o si prefiere someterse a otro líder con un uniforme diferente.